Durante décadas, la versión oficial ha sostenido de forma casi inamovible que los servicios de inteligencia españoles sufrieron un «fallo catastrófico» al no detectar la preparación de la intentona golpista del 23-F. Sin embargo, los papeles recién desclasificados del Ministerio de Defensa demuelen esa tesis complaciente y apuntan hacia una realidad mucho más oscura y compleja: no se trató de un simple fallo de detección por incompetencia, sino de una implicación operativa directa en puntos clave. Los expedientes secretos señalan sin ambages a la élite del antiguo CESID, concretamente a la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), bajo el mando del entonces comandante Cortina.
Los informes reservados y las declaraciones tomadas a su personal en abril de 1981, ocultas hasta hoy, no dibujan un escenario de ignorancia institucional, sino de participación activa de elementos de esta unidad en la logística y desarrollo de los hechos. El «cerebro» del Estado no estaba ciego aquella tarde; una parte sustancial de él estaba, como mínimo, guiando la mano que terminó empuñando el arma en el Congreso de los Diputados.
Si la prueba de la implicación directa de agentes de la AOME es grave, la evidencia documental sobre el conocimiento previo y detallado del golpe en las más altas esferas militares resulta absolutamente demoledora para el relato histórico de la «sorpresa nacional». Entre los miles de folios rescatados del secreto oficial emerge una nota de inteligencia con un título que resuena como una sentencia condenatoria para la historia oficial: «Algunos datos para una crónica de un golpe anunciado». Este documento crucial, que fue elevado en su momento al Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), confirma de facto que la asonada no pilló desprevenida a la cúpula militar.
El ruido de sables estaba perfectamente monitorizado, analizado en informes de situación y, en ciertos despachos de máximo poder, simplemente esperado. La narrativa de una democracia joven e ingenua, cogida por sorpresa por un grupo aislado de militares nostálgicos, queda reducida a cenizas ante la evidencia escrita de que el sistema conocía perfectamente la amenaza inminente que se cernía sobre él y dejó hacer.
La desclasificación abre finalmente en canal las complejas, tensas y oscuras relaciones institucionales que tejieron la verdadera trama del 23-F. Lejos de funcionar como compartimentos estancos o leales defensores del orden constitucional frente a los sediciosos, los documentos revelan un flujo constante de información y lealtades difusas entre la Dirección del CESID, la Capitanía General de Valencia —epicentro blindado de la sublevación con Milans del Bosch— y la propia JUJEM. El entramado era denso y las fronteras entre conspiradores y «salvadores» eran porosas.
Además, los archivos arrojan luz sobre la controlada gestión posterior de la crisis en las más altas instancias del Estado, incluyendo la existencia de guiones preestablecidos para las reuniones que S.M. el Rey mantuvo con la cúpula militar a finales de 1981 para reconducir la situación. Se dibuja así un escenario histórico donde la inteligencia y el poder militar jugaron una partida de ajedrez a varias bandas, muy alejada de la simplificación maniquea de «buenos y malos» que se ha vendido al gran público durante cuarenta y cinco años.
