Si la implicación interna de la inteligencia fue enterrada, la reacción internacional real ante el 23-F fue directamente maquillada por la diplomacia española para no dañar la imagen de una democracia inmaculada. El relato histórico nos ha contado que el mundo libre contuvo el aliento y apoyó sin fisuras al joven régimen parlamentario español. Sin embargo, los archivos desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores abren una grieta profunda en esa estampa idílica, revelando una tensión soterrada y crítica con la principal potencia mundial: Estados Unidos. El «Expediente R39017», oculto hasta la fecha, detalla el grave conflicto diplomático originado por las tibias y calculadas declaraciones del entonces Secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, quien calificó el asalto al Congreso como un «asunto interno» de España en las horas críticas.
Aquella salida de tono no fue un desliz anecdótico; provocó un terremoto en la cancillería española que requirió una intervención de urgencia al más alto nivel de la Subsecretaría para contener el daño y realinear la narrativa pública, asegurando que la sombra de la aquiescencia de la CIA o el Pentágono no manchara el relato oficial de la victoria democrática.
Una vez reconducida la crisis externa y fracasada la fase militar del golpe, el sistema activó su mecanismo de autodefensa más potente: el proceso judicial. La documentación relativa a la Causa 2/81 ante el Consejo Supremo de Justicia Militar demuestra que el objetivo prioritario no fue destapar toda la verdad hasta sus últimas consecuencias, sino realizar una operación quirúrgica para extirpar los elementos más visibles y ruidosos de la trama, salvando al resto del organismo estatal. Los informes ahora públicos recogen cómo la prensa internacional y los observadores extranjeros (como la analista Jane Walker) quedaron estupefactos ante la «benevolencia» de las penas y el trato dispensado a los cabecillas durante el juicio.
Lejos de ser un proceso ejemplarizante que purgara las Fuerzas Armadas, la Causa 2/81 se diseñó como un cortafuegos para limitar las responsabilidades a una cúpula muy concreta —Milans, Tejero, Armada—, evitando que la investigación ascendiera por la cadena de mando o se extendiera horizontalmente hacia las tramas civiles y los servicios de inteligencia que, como ahora sabemos, estaban al corriente de todo.
El resultado final de este doble juego —la contención diplomática hacia afuera y el cierre en falso judicial hacia adentro— fue la cimentación de la «Verdad Oficial» que ha imperado en España durante más de cuatro décadas. Las portadas de los periódicos del día 24 de febrero de 1981, y la narrativa construida en los meses siguientes, no fueron periodismo de investigación, sino la construcción de un mito fundacional necesario para la estabilidad del Régimen del 78. Se vendió la imagen de una democracia frágil salvada in extremis por la figura del Rey y un puñado de políticos valientes frente a unos golpistas anacrónicos y aislados. Los papeles desclasificados hoy demuestran que aquella versión fue una simplificación interesada.
La Transición no fue un cuento de hadas modélico, sino una partida de poder brutal, sucia y compleja, donde el Estado profundo jugó sus cartas, negoció los tiempos y, finalmente, escribió la historia que más le convenía para sobrevivir, enterrando bajo siete llaves los expedientes que hoy, por fin, ven la luz.
